Actualidad | Noticias | 29 AGO 2003

El Gobierno dejará de intervenir las tarifas telefónicas a partir de 2005

Los ministerios de Economía y Ciencia y Tecnología han llegado a un acuerdo que supondrá la congelación de las tarifas de telefonía fija ?las únicas reguladas en este momento- para el próximo año y la desintervención absoluta de los precios en 2005. La congelación de los precios resultará sin embargo en una rebaja efectiva cuya cuantía dependerá de la subida del IPC, ya que no serán actualizados según la inflación.
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Con esta decisión concluyen semanas de negociaciones entre los portadores de las carteras implicadas en la determinación de los precios máximos de la telefonía con una solución intermedia entre las posturas de ambos ministros?Josep Piqué, responsable de Ciencia y Tecnología, a favor de reducir al máximo la regulación, y Rodrigo Rato, ministro de Economía, más conservador debido al impacto de la subida de las tarifas telefónicas sobre la inflación. Los precios dejarán de intervenirse, pero no en 2004, una de las posibilidades barajadas en las conversaciones.
Como operador dominante, Telefónica era el operador cuyas tarifas estaban sometidas al sistema del price-cap (precios máximos) impuesto por el Gobierno. No obstante, éste condicionaba los precios y márgenes de los demás operadores, obligados a no superarlo para mantener su competitividad. Tanto uno como otros venían tiempo reclamando la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en los precios para favorecer la consecución de márgenes de negocio más elevados, máxime en un momento en el que, tras la fuerte crisis, sus finanzas han quedado debilitadas. Pero no todo son coincidencias: mientras Telefónica abogaba por una total liberalización, los operadores alternativos integrados en Astel siempre han mirado con recelo la posibilidad de una absoluta libertad de aquella para fijar sus precios.

Un desahogo para Telefónica. Telefónica había llegado a responsabilizar al intervencionismo estatal de la regulación de empleo a que se está enfrentando y que supondrá la reducción de su plantilla en un 37% afectando a más de 15.000 trabajadores hasta el año 2007. Según los argumentos de su presidente, César Alierta, esta reestructuración resultaría inútil para salvar el negocio de la compañía si el Gobierno no modificaba su política al respecto. La principal queja de Telefónica era que la presión sobre sus márgenes, unida a las obligaciones que se le imponían como operador dominante, la había llevado a una situación de estrangulamiento.
Aunque desde los ministerios implicados en el establecimiento del price cap (Economía y Ciencia y Tecnología) se considera que esta reestructuración obedece realmente a cuestiones no coyunturales, sino más bien relacionadas con la evolución del mercado y la necesidad de la compañía a adaptarse a ella, fijando por fin la fecha oficial de la desintervención podrían estar dándole la razón. De hecho, Piqué y Rato tomaron ya el año pasado la decisión de excluir para el cálculo del price-cap la subida de la cuota de abono, que en ocasiones anteriores había tenido que ser compensada con rebajas adicionales en las tarifas.
En los últimos años, la fórmula por la que se calculaba el price-cap, obligando a Telefónica a aplicar bajadas de un 7 y un 6% respectivamente en 2001 y 2002.Según datos facilitados por el Ministerio de Economía, entre 1998 y 2002, la apertura del mercado a la competencia ha supuesto rebajas resultantes en un ahorro medio anual de 1.000 euros por familia y de 3.780 euros por empresa. Desde 1998, momento oficial del comienzo de la liberalización del sector, el precio de las llamadas nacionales e internacionales ha disminuido en España respectivamente una media del 50% y del 40%, según datos de la Comisión Europea. Por su parte, la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) asegura que las tarifas españolas se encuentran entre las más bajas de la Unión Europea.

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