El Congreso aprueba la ley de firma electrónica
El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de firma electrónica, que fue elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a los Ministerios de Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia.
La ley de firma electrónica intentará promover su uso más generalizado, "como instrumento generador de confianza en las comunicaciones telemáticas y como dinamizador de la Administración y comercio electrónico".
La normativa recoge la experiencia y los avances constatados en las prácticas de la Administración desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley de Firma Electrónica de 1999. La incorporación de las tecnologías de firma electrónica permitirá solicitar y finalizar los trámites, a través de Internet, con la Administración y con las empresas.
La norma introduce, además, "elementos que contribuirán al desarrollo del comercio electrónico y de la Administración electrónica, como la firma de las personas jurídicas, que podrá ser utilizada en múltiples aplicaciones, en especial en procesos automatizados, como la realización de pedidos o la emisión de facturas, salvaguardándose la seguridad jurídica de la entidad titular y de los terceros que se relacionen con ella".
La Ley incluye aspectos novedosos que contribuirán a incrementar el uso de la firma electrónica en nuestro país, como una terminología más accesible, el marco jurídico necesario para desarrollar en un futuro el Documento Nacional de Identidad electrónico, la regulación de la emisión de certificados de personas jurídicas, y entre otras consideraciones, establece una garantía económica por parte de los prestadores de servicios de certificación de tres millones de euros, de manera que dichas empresas puedan responder ante los usuarios con garantías suficientes.
La normativa recoge la experiencia y los avances constatados en las prácticas de la Administración desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley de Firma Electrónica de 1999. La incorporación de las tecnologías de firma electrónica permitirá solicitar y finalizar los trámites, a través de Internet, con la Administración y con las empresas.
La norma introduce, además, "elementos que contribuirán al desarrollo del comercio electrónico y de la Administración electrónica, como la firma de las personas jurídicas, que podrá ser utilizada en múltiples aplicaciones, en especial en procesos automatizados, como la realización de pedidos o la emisión de facturas, salvaguardándose la seguridad jurídica de la entidad titular y de los terceros que se relacionen con ella".
La Ley incluye aspectos novedosos que contribuirán a incrementar el uso de la firma electrónica en nuestro país, como una terminología más accesible, el marco jurídico necesario para desarrollar en un futuro el Documento Nacional de Identidad electrónico, la regulación de la emisión de certificados de personas jurídicas, y entre otras consideraciones, establece una garantía económica por parte de los prestadores de servicios de certificación de tres millones de euros, de manera que dichas empresas puedan responder ante los usuarios con garantías suficientes.
