Crece el malestar de los operadores por la "tasa radioeléctrica"

Según informan diversos medios, los cuatro operadores de telefonía móvil (Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera) pedirán al Gobierno que fije a largo plazo la cuantía del canon radioeléctrico, en lugar de hacerlo en cada ley de presupuestos, como ocurre ahora. Los operadores aducen para ello la incertidumbre que supone el establecimiento de una cantidad discrecional año a año, lo que impide la planificación a medio plazo de la estrategia de negocio de cada empresa. Además, de acuerdo con las condiciones vigentes, los operadores de móviles tendrán que pagar este año alrededor de 140.000 millones de pesetas por un espectro radioeléctrico que no podrán utilizar, dado el retraso en la entrada en vigor de los servicios UMTS.

Según el diario El Mundo, aunque todos los operadores afectados estudian la posibilidad de recurrir la norma ante los tribunales, “se trata de un recurso que tendría muy pocas posibilidades de salir adelante desde el punto de vista estrictamente jurídico. De hecho, el principal operador de este negocio, Telefónica Móviles ha decidido ya definitivamente no acudir a instancias judiciales”.

En declaraciones recogidas por el diario madrileño, fuentes del grupo Telefónica señalan que “no tiene sentido recurrir la imposición de esta tasa (...) Nuestro objetivo es que la Administración aclare cuál va a ser el horizonte de la tasa radioeléctrica para los próximos años, para que desaparezca la incertidumbre reinante en estos momentos y para que los operadores podamos diseñar nuestros futuros planes de negocio. Para nosotros no es tan grave el pago de un alto canon este año, aunque no operemos, como la incertidumbre que genera no saber qué va a pasar en los próximos”.

De acuerdo con un informe interno de Telefónica Móviles al que ha tenido acceso El Mundo, si se mantuviera constante la imposición de este canon durante un plazo de 10 años, España sería -junto con Reino Unido y Francia- uno de los mercados en los que más cara resultaría la licencia en términos reales. Y ello a pesar de que, en el primero, las licencias se subastaron a un precio superior a los seis billones de pesetas, mientras que en España se adjudicaron por concurso el coste para los cuatro consorcios adjudicatarios ascendió a 86.000 millones por las cuatro licencias.

Por otra parte, los operadores que han de pagar la tasa radioeléctrica han mostrado su malestar por el modo en que el Gobierno pretende financiar el Plan de Actuaciones Info XXI, que será presentado por el presidente Aznar en Vitoria el próximo día 24. Según informa hoy el diario económico “Cinco Días”, el sector denuncia que, aunque el Plan fija para el periodo 2001-2003 unas necesidades de inversión de 200.000 millones de pesetas, sólo recibe de los Presupuestos del presente año una financiación de 1.500 millones.

A este respecto, los operadores recuerdan que la ley obliga a que los 160.00 millones que recaudará la Administración en concepto de tasa radioeléctrica deben ser invertidos en el sector. Tal como recoge “Cinco Días”, los operadores no entienden cómo en los Presupuestos Generales del Estado de 2001, además de la previsión de ingresos por el llamado “espectrazo”, no se incluye también la correspondiente partida de gastos por 160.000 millones de pesetas para promover la sociedad de la información.

El diario económico asegura que, aunque no se atreven a proclamarlo en público, los operadores consideran que la actuación del Gobierno es “desvergonzada”, ya que, por un lado, ha gravado algunas de las principales actividades del sector de las telecomunicaciones con un enorme aumento de las tasas y, por otro, pide al sector que “apoye y aplauda” su “apuesta por la sociedad de la información”.