Actualidad | Noticias | 31 OCT 2000

Comentario. Más poder para la CMT

Cuando en enero de 1998 legal y oficialmente se abrían a la competencia los últimos refugios de los monopolios de telecomunicaciones, algunos veteranos del sector con muchos años a sus espaldas en la defensa de la liberalización, se preguntaban "y ahora qué".
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Pero pronto pasó ese desinflamiento pasajero que provoca conseguir la meta por la que se ha luchado durante años, en este caso bregando con ministros y gobiernos, y con la astucia de muchos que antes ponían su imaginación al servicio del monopolio y ahora proclaman la libertad de mercados desde los sillones directivos de los nuevos agentes. Y todo ello en medio de la ignorancia y la indiferencia generalizada, incluso por parte de algunos que, subiéndose al carro en el momento oportuno, hoy hablan de la cosa con desparpajo en tribunas y papeles forrados de stock options. Al fin y al cabo, en esa fecha tan sólo se iniciaba un nuevo camino de imprevisible evolución que obliga a una reestructuración constante para corregir las ineficiencias que van surgiendo. Un nuevo camino que, una vez más, se mueve a golpe de directiva desde Bruselas y de decisiones gubernamentales desde Madrid, contaminado por las presiones económicas y políticas de turno. Basta con echar una mirada a los frentes abiertos recientemente respecto de las licencias UMTS y los precios de interconexión para la tarifa plana.

En la reordenación del proceso que ahora se abre, y para evitar situaciones indeseables, habría que dar nuevos pasos hacia mayores niveles de transparencia y competitividad a fin de eliminar cuantas trabas aún existen para conseguir un rápido y ordenado desarrollo de la Sociedad de la Información. Con este objetivo, y dentro del ámbito español, nada mejor que conseguir un gran pacto nacional entre los principales partidos políticos para fomentar la introducción de los nuevos servicios tanto en las empresas como en la sociedad. Se trata de impedir que, al menos en esta ocasión, no volvamos a perder el tren de la historia. Si tanto para el Gobierno como para la oposición, según nos dicen cuando toca quedar bien, se pretende que España consiga alcanzar un papel significativo en las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, por qué dejar al vaivén político del más fuerte en cada momento decisiones que afectan con tanta trascendencia al futuro de todos. En la UE, esta tendencia hacia la descentralización del proceso de toma de decisiones, abriéndolo a escenarios más representativos, se está plasmando en el nuevo papel que juega el Parlamento Europeo, corrigiendo así el inmenso poder que tiene la Comisión. Como a escala estatal esta elemental medida ya está cumplida en el proceso ejecutivo y legislativo convencional de las democracias, es necesario ir más allá para garantizar que cualquier actuación en el sector sea ajena a intereses particulares, ya sean partidistas o empresariales, ámbitos tantas veces juntos y revueltos. Es necesario, pues, dar otra vuelta de tuerca y conseguir una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) con mayores funciones y sólo dependiente de las Cortes. Ahora que la CMT estudia su propia reestructuración, y ante los peligrosos retos que plantean cuestiones pendientes fundamentales, como los nuevos servicios móviles de tercera generación o la liberalización del bucle, se debería forzar a Gobierno y oposición a consensuar una CMT con más poder regulatorio y abierta a la sociedad. Para ello, junto a los representantes de los partidos presentes en el Congreso de los Diputados habría que introducir representantes de la industria, los servicios y, muy especialmente, de los usuarios empresariales y residenciales. No es que esta concepción de una CMT plenamente ejecutiva, sometida al control parlamentario y con el Gobierno como gestor, garantizase plenamente la neutralidad y el acierto de sus decisiones, pero supone un paso trascendental en la consecución de principios fundamentales como la transparencia y la justa competencia en el sector.

La idea no es nueva. Desde hace muchos años, la Oftel británica actúa vinculada al Parlamento, y en España algunas destacadas voces del sector vienen reivindicándola directa o indirectamente desde los principios del proceso liberalizador. Es comprensible que, en un primer momento, se adoptase el modelo regulatorio y de arbitraje actual, con la CMT como órgano autónomo pero adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y con un papel en muchos casos sólo consultivo. Pero la experiencia adquirida durante estos dos años, el hondo calado de los nuevos retos que el sector ha de afrontar y su trascendencia para la sociedad, la economía e incluso la cultura de nuestro país exigen limpieza de juego y un mayor control de los agentes del sector, objetivos que serán mucho mejor conseguidos con un órgano regulador y de arbitraje controlado no sólo por los partidos políticos como hasta ahora sino por toda la sociedad. De lo contrario, seguiremos sometiendo nuestro futuro exclusivamente al poder de turno. Y, aunque estemos acostumbrados a eso, no tiene sentido.

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