Bruselas quiere impulsar el despliegue de redes de fibra
La gran rentabilidad que los operadores dominantes obtienen por los servicios de acceso mayorista a sus redes de cobre ha de dejar de ser una barrera para el despliegue de las nuevas redes de fibra. En caso contrario no se podrán cumplir los objetivos de banda ancha de la Unión Europea, según Neelie Kroes, comisaria de la Agenda Digital.
"Necesitamos redes de próxima generación para ofrecer los servicios de gran ancho de banda y aplicaciones que impulsen el crecimiento futuro. Nadie discute que las necesitamos. Pero no hay acuerdo sobre la manera de fomentar su despliegue. Desafortunadamente, vemos que, por el momento, las compañías de telecomunicaciones se muestran reacias a comprometer fondos significativos en la puesta en marcha de infraestructuras de fibra”, ha asegurado Kroes durante el anuncio del lanzamiento de dos consultas públicas sobre la fijación de pecios de acceso mayorista a redes de banda ancha.
La razón por la indecisión es clara. Como los operadores dominantes generan enormes beneficios de las redes de cobre ya desplegadas, el incentivo por invertir en las nuevas redes de fibra es pequeño. Sin embargo, según Kroes, un proceso gradual de desconexión de las redes de cobre podría reducir el costo de tal manera que "las nuevas inversiones de fibra podrían ser rentables en menos de 10 años."
Con este motivo, Bruselas ha abierto dos consultas públicas relacionadas con el acceso no discriminatorio de los operadores alternativos a la infraestructura y los servicios de los operadores dominantes. También contemplan la manera en que las entidades reguladoras nacionales calculan los precios que deben pagar los operadores por este acceso al por mayor.
Los resultados de las consultas ayudarán a la Comisión a formular recomendaciones sobre la aplicación coherente y favorable a la inversión de medidas de no discriminación y de control de precios.
Según la Comisión, lograr coherencia reglamentaria es crucial para garantizar que los operadores de telecomunicacionesdisfruten de previsibilidad y de claridad, especialmente a la hora de estudiar las inversiones a gran escala necesarias para desplegar las redes de fibra óptica ultrarrápidas. Asimismo la coherencia también ayuda a los operadores de telecomunicaciones a tener actividad en varios Estados miembros. Por tanto la segunda consulta presentada ayudará a examinar concretamente la manera en que la relación entre los precios de acceso a las redes de cobre y de fibra puede afectar a los incentivos a la inversión en nuevas redes de fibra.
Ambas consultas están abiertas a los operadores de telecomunicaciones, organizaciones de consumidores, entidades nacionales de regulación, Estados miembros y otras partes interesadas hasta el 28 de noviembre de 2011.
Las consultas abiertas por la Comisión Europea pretenden contribuir a la creación de un mercado único de servicios de telecomunicaciones a través de un planteamiento consecuente y coherente sobre la regulación de las redes de telefonía y banda ancha en todos los Estados miembros. Estos esfuerzos de Bruselas se enmarcan dentro de los objetivos establecidos en la Agenda Digital por Europa. Los resultados de las consultas ayudarán a la Comisión a formular recomendaciones sobre la aplicación coherente y favorable a la inversión de medidas de no discriminación y de control de precios.
Según la Comisión, lograr coherencia reglamentaria es crucial para garantizar que los operadores de telecomunicaciones disfruten de previsibilidad y de claridad, especialmente a la hora de estudiar las inversiones a gran escala necesarias para desplegar las redes de fibra óptica ultrarrápidas. Asimismo la coherencia también ayuda a los operadores de telecomunicaciones a tener actividad en varios Estados miembros. Por tanto la segunda consulta presentada ayudará a examinar concretamente la manera en que la relación entre los precios de acceso a las redes de cobre y de fibra puede afectar a los incentivos a la inversión en nuevas redes de fibra.
Ambas consultas están abiertas a los operadores de telecomunicaciones, organizaciones de consumidores, entidades nacionales de regulación, Estados miembros y otras partes interesadas hasta el 28 de noviembre de 2011.
