Bruselas pide a los miembros de la UE mejorar sus legislaciones contra el spam
A partir de los alarmantes resultados de un estudio publicado por la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE urge a los estados miembros a reforzar sus legislaciones contra el correo basura.
De acuerdo con un estudio publicado por la Comisión Europea (CE), el incesante crecimiento del spam y de las consecuencias que tiene para los usuarios, ha llevado a este organismo a que concluya que una de las medidas más necesarias que deben tomar los estados miembros es que reformen sus leyes para poder hacer frente a este tipo de correos electrónicos no deseados.
Y es que, según la CE, a pesar de las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años, como multas y procedimientos judiciales, el crecimiento del spam sigue causando daños en los usuarios. Tal y como ha apuntado la comisaria para la Sociedad de la Información de la Unión Europea, Viviane Reding, a pesar de que en 2002 se puso en marcha una ley de ámbito europeo que prohibía el spam y el spyware (o programas espía), el 65 por ciento de los ciudadanos de la UE se ven afectados por la recepción de spam. Ante esta problemática, Reding ha pedido que se tomen nuevas medidas como sanciones civiles y penas mayores contra los que cometan este tipo de delitos. Asimismo, y al hilo del estudio publicado, Reding ha instado a los países de la Unión Europea a que lleven a cabo medidas que mejoren sus legislaciones en línea con las normativas europeas en materia de telecomunicaciones con la mirada puesta en que cuenten con normas más claras y sanciones que contribuyan a disuadir a los delincuentes informáticos a cometer delitos.
Por otra parte, el estudio también se hace eco de la necesidad de una mayor cooperación entre países y que se destinen los recursos necesarios para que las autoridades pertinentes puedan proteger los mensajes de correo electrónico de los ciudadanos. Y es que, según dicho estudio realizado a partir del análisis de más de 140 casos remitidos por 22 Estados miembros, existen notables diferencias entre las medidas que ponen los distintos países para combatir esta problemática. Así, en lo que a las multas se refiere, la multa más elevada que interpuso España el pasado año fue de 30.000 euros, muy lejos de la mayor en toda la UE, que se impuso en los Países Bajos, que fue de 500.000 euros.
