Bruselas exige a España suprimir las tasas a los operadores para financiar RTVE

Tanto en el caso de Francia como en el de España, la Comisión Europea considera que estos «impuestos sobre las telecomunicaciones» son incompatibles con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que disponen que las tasas específicas cobradas a los operadores estén relacionadas específica y directamente con la cobertura de los costes de regular el sector. Los requerimientos se hacen en forma de ‘dictámenes motivados’con arreglo a los procedimientos de la UE en caso de infracción. Francia y España disponen ahora de dos meses para notificar a la Comisión las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas de la UE sobre las telecomunicaciones. De no hacerlo, la Comisión puede llevar a estos países ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión cree que las tasas impuestas por Francia y España al efecto de compensar la pérdida de ingresos en concepto de publicidad de pago en los canales de televisión públicos son incompatibles con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones. De conformidad con dichas normas (en especial, el artículo 12 de la Directiva relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, se pueden imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones únicamente para sufragar determinados costes administrativos y reglamentarios (principalmente las autorizaciones y las funciones de reglamentación) y las tasas deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. Asimismo, las partes interesadas también deben ser consultadas adecuadamente sobre cualquier modificación de las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones.

La ley de financiación del ente público español de radiodifusión RTVE entró en vigor en septiembre de 2009 e impuso una tasa del 0,9 % sobre los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago. La ley no afectó a todos los operadores puesto que su aplicación se ceñía a criterios de cobertura geográfica y tipo de servicios prestados.

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