Los miembros del Parlamento Europeo luchan por reequilibrar la necesidad de seguridad y el derecho a la intimidad en Internet no sólo en Europa sino en todo el mundo.

Para ello se apoyan en un informe que hace un llamamiento a los 27 países de la Unión y a la Comisión Europea para definir los estándares globales para la protección de la información, la seguridad y la libertad de expresión. El autor del informe, Stavros Lambrinidis, considera que esta decisión es vital en un momento en el que la identidad digital de las personas se está convirtiendo en parte integral de su actual identidad.

Una demanda del informe es una definición estricta del consentimiento del usuario para compartir su información, que, hasta el momento, ofrece desigualdades entre los usuarios, las compañías privadas y los gobiernos. Otra demanda es que el derecho de acceso a Internet debería equipararse con el derecho a la educación y nunca debería ser impedido por gobiernos ni compañías privadas.

El informe ha abierto un amplio debate entre las instituciones académicas, los grupos de libertadas civiles y el supervisor de la protección de la información en la UE, Peter Hustinx, quien advierte contra la aplicación de reglas menos estrictas en Internet, en lo que se refiere a la protección de la información, frente a la salvaguarda de los datos que se espera en la vida diaria.

"Internet es cada vez más una parte integral de nuestra vida, por lo que debemos aplicar los mismos valores que en la sociedad, sobre todo, en lo que se refiere a derechos fundamentales”, expone Hustinx.

Desde el otro lado del Atlántico también hay voces favorables a este movimiento. Gus Hosein, un representante del grupo de presión de libertades civiles, Privacy International, ha hecho palpable su preocupación porque Europa se convierta en una abanderada obsesionada por la seguridad, con la salida de George W. Bush de la Casa Blanca. En este sentido, pide a legisladores europeos invertir la tendencia hacia más seguridad y menos libertades civiles en la legislación europea, que comenzó con los ataques terroristas a EE.UU. en 2001. Hosein se refiere expresamente a la directiva de retención de datos europea tras los ataques terroristas en España en 2004 y en Reino Unido un año después, que obliga a los proveedores de servicio de Internet y empresas de telecomunicaciones a mantener los datos generados por sus abonados más allá del período normal requerido para facturar.