Salvo Chipre, Estonia, Eslovenia, Alemania y Holanda, presumiblemente por razones de procedimiento, todos los estados miembros de la Unión Europea, incluida España, han firmado el acuerdo internacional ACTA con el que se pretende reforzar los derechos de propiedad intelectual y combatir la piratería online y el software ilegal. Sin embargo, los que se oponen a ACTA aseguran que su articulado incluso va más allá que la estadounidense SOPA (Stop Online Piracy Act) ya que anima a los ISP a vigilar el tráfico de Internet sin salvaguardas legales. La tramitación de SOPA y PIPA quedó suspendida ante el aluvión de protestas que generó. 

La polémica levantada por ACTA se debe fundamentalmente a que su contenido podría ir contra las normas de la UE sobre protección de datos. El párrafo más controvertido es el que deja la puertas abiertas a que los estados requieran a los ISP a cortar el servicio de acceso a Internet a aquellos usuarios que continúen descargando material protegido por copyright después de recibir dos avisos y a que desvelen su información personal a las autoridades nacionales.

Aunque el artículo no es de obligado cumplimiento, podría favorecer la introducción de sistemas de control al margen de las vías judiciales. Sin embargo, las autoridades de la Unión Europea se han comprometido a que en su ámbito de actuación toda medida que se tome contra los infractores se tramitará judicialmente.

Según Ska Keller, parlamentario europeo del Grupo Verde, “ACTA es un error y debería ser rechazado. Pero aún no se ha dicho la última palabra: el Parlamente Europeo y los parlamentos nacionales tienen ahora que debatirla como parte del proceso de ratificación”.

Como reacción a la firma de ACTA, más de 10.000 polacos han salido a la calle para protestar por el apoyo de su gobierno al acuerdo, al tiempo que Anonymous atacaba varias webs gubernamentales, incluida la de la oficina del primer ministro.