La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE considera la aplicación de la ‘acción de oro‘ del Gobierno luso como una restricción a la libre circulación de capitales. En consecuencia, podría acabar multando a Lisboa si el ejecutivo portugués insiste en imponer su veto a la operación de compra por parte de Telefónica de la parte que Portugal Telecom controla en el capital de Vivo.
El Tribunal resalta en su sentencia que este tipo de vetos sólo son aplicables para garantizar la seguridad de la disponibilidad de la red de telecomunicaciones en caso de crisis, guerra o terrorismo.
El veto impuesto por el Gobierno portugués a la operación pactada entre PT y Telefónica sobre Vivo, valorada en 1.510 millones de euros, fue criticada tanto por la Comisión Europea como por los socialdemócratas portugueses, el mayor partido de la oposición en el país. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Telefónica aseguró por su parte que el veto "es ilegal, al vulnerar, además del Derecho portugués, el Derecho Comunitario y en particular, entre otros, el artículo 56 del Tratado CE", además de destacar que el propio consejo de administración de PT "ha manifestado la improcedencia de la utilización de la ´Golden Share´". La Comisión Europea considera que los derechos especiales que el Estado portugués mantiene sobre la compañía de telefonía Portugal Telecom (PT), más conocidos como la ´acción de oro´, son "incompatibles con la legislación europea”. Para la portavoz comunitaria de Mercado Interior y Servicios Financieros, Chantal Hughes, “la ´acción de oro´ constituye una “restricción injustificada al libre movimiento de capitales y al derecho de establecimiento, dificultando tanto la inversión directa como la cartera de inversiones".