En la carta remitida por la patronal se muestra su oposición a que el Proyecto de Ley de Financiación de RTVE incremente la presión fiscal del sector de las telecomunicaciones y que se utilicen los ingresos fiscales procedentes del sector de comunicaciones electrónicas para subvencionar a otro sector, como es el audiovisual, y concretamente, a las televisiones privadas, ya que considera “ que el sector de las telecomunicaciones no se beneficia de la retirada de la publicidad en RTVE, tal como se asegura, equivocadamente, en el texto de este Proyecto de Ley”. Además, pone en duda la legalidad de la figura de esta nueva tasa en el vigente Derecho de las Telecomunicaciones, tanto español como europeo.

En su opinión, el Gobierno no ha considerado las advertencias del Consejo de Estado y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ni tampoco ha consultado a los sectores implicados. Su línea de actuación ha seguido el modelo francés, el cual, recientemente, ha sido calificado de ilegal por la Comisaría europea. “Un proyecto –según se recoge en el texto remitido a los Grupos Parlamentarios– elaborado con prisas y sin evaluar los efectos sobre los sectores directamente implicados”.

Asimelec aboga por abrir un proceso de debate transparente con todos los agentes sociales, un debate que “ha de tener en cuenta las necesidades de todos y no solamente el beneficio de un sector, como el de las televisiones privadas, que como los demás sectores tienen que hacer viable su modelo de negocio y no buscar el subsidio, bien a través de fondos públicos o con la intervención, como es el caso, de fondos de otros sectores, que nada tienen que ver ni se benefician de las medidas de este Proyecto de Ley”.

El sector de comunicaciones electrónicas se encuentra sujeto a un régimen fiscal específico, complementario al régimen general común aplicable al conjunto de los sectores de actividad económica: Impuesto sobre sociedades; impuestos repercutibles - Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)-; Impuesto de Bienes Inmuebles; ICIO, o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Respecto a las diferentes tasas vigentes, están: Tasa operadores; Tasa numeración; Tasa espectro; Tasa ocupación de dominio público local; un 1,5% del total de la facturación para los Ayuntamientos; Impuestos medioambientales; o IAE, específico al sector de la telefonía.